Galicia se rebela contra la contaminación porcina: sentencia histórica por violación de derechos humanos

Galicia logra una sentencia histórica: la Justicia condena la inacción ante la contaminación por macrogranjas porcinas. El TSXG reconoce la violación de derechos humanos en A Limia por la gestión ambiental de la Xunta

Una sentencia sin precedentes condena la inacción ante la contaminación ganadera en Galicia

En España, donde la burocracia suele correr más lenta que un caracol con reuma, una noticia rompe el molde: el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado una sentencia histórica que pone contra las cuerdas a las autoridades por décadas de mirar hacia otro lado mientras el aire y el agua de A Limia se convertían en un cóctel de estiércol y enfermedades.

No es ciencia ficción distópica ni exageración ecologista: siete vecinos, respaldados por asociaciones como ClientEarth, Amigas de la Tierra y la CECU, han logrado que un tribunal declare que el Estado español y la Xunta de Galicia han vulnerado los derechos humanos de quienes viven en esta comarca. ¿La razón? Una gestión ambiental tan deficiente que haría sonrojar a un vertedero ilegal.

Cría intensiva de cerdos y derechos humanos: una relación directa

Los vecinos de A Limia, concretamente de la aldea de As Conchas, lo tenían claro: la vida aquí se ha vuelto «inviable». Cientos de granjas porcinas y avícolas han convertido el entorno en una pesadilla apestosa y peligrosa para la salud pública. No es que haya malos olores de vez en cuando, es que abrir una ventana o beber agua del pozo equivale a jugarse la salud como quien lanza una moneda al aire.

«El pueblo se ha convertido en un estercolero, y no es una metáfora: es una tragedia con olor a purín.»

El tribunal les ha dado la razón. En una resolución demoledora, afirma que la inacción de las autoridades ha provocado un “daño moral continuado”, y que existe un riesgo real para la salud por culpa de la contaminación del embalse de As Conchas, una masa de agua que ha pasado de ser parte del paisaje a un símbolo de lo que no se debe hacer con el medio ambiente.

Superbacterias y nitratos: el cóctel tóxico de las macrogranjas

Durante el proceso judicial, científicos presentaron pruebas que parecen sacadas de un laboratorio postapocalíptico: superbacterias resistentes a los antibióticos —esas que la OMS sitúa entre las diez mayores amenazas para la humanidad— campan a sus anchas en la zona. Y eso no es todo. El embalse, en algunos momentos, ha registrado niveles de nitratos hasta 1.000 veces superiores a lo habitual.

Por si alguien lo ha olvidado, los nitratos están relacionados con el cáncer de tiroides, de mama y de ovarios, y suponen una amenaza para cualquier persona que dependa del agua contaminada. Así lo deja claro la sentencia, que recuerda que un medio ambiente sano es un requisito imprescindible para ejercer derechos humanos básicos como el acceso al agua, la vivienda o incluso el desarrollo cultural.

El pueblo convertido en “un estercolero”

Blanca Ruibal, de Amigas de la Tierra, no se anda con eufemismos: «el pueblo se ha convertido en un estercolero». Y no es metáfora. El hedor es constante, los pozos están contaminados, el turismo ha huido, y las propiedades han perdido su valor. Lo que era un rincón de Galicia ha terminado convertido en una zona cero ecológica, con consecuencias económicas, sanitarias y morales.

«Esta sentencia demuestra que la contaminación ganadera no es solo un problema ambiental, sino una violación de derechos humanos.»

El fallo judicial obliga a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a actuar de inmediato. La prioridad: acabar con los olores, restaurar el embalse y garantizar que los vecinos puedan volver a tener una vida digna. Algo tan básico como pasear sin mascarilla o beber agua sin miedo se ha vuelto revolucionario en A Limia.

Europa toma nota: esto puede ser solo el principio

El impacto de esta decisión judicial no se queda en Galicia. Según Amigas de la Tierra, «esta sentencia marca un precedente en toda Europa» y puede abrir la puerta a nuevas demandas colectivas en comunidades afectadas por la contaminación ganadera. Es el primer caso en el que un tribunal reconoce que el modelo de ganadería industrial no solo afecta al medio ambiente, sino también a los derechos fundamentales de las personas.

Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos y una de las caras visibles de la demanda, resume el sentimiento colectivo tras la victoria legal: «Después de tantos años de lucha incansable, de abandono e ignorancia por parte de quienes debían protegernos, hoy por fin hemos sido escuchados.»

Y remata con una frase que podría quedar grabada en la fachada del ayuntamiento: «Esta sentencia histórica nos hace más fuertes. No pararemos hasta que el embalse vuelva a ser un lugar de vida.»

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