El empresario José Elías y su casa en zona protegida: «No sabía que vivía en un parque natural»

Por: José Luis Ferrando

| 23/05/2025 - 09:12 | Última actualización: 04/06/2025 - 10:17 | Lectura: 4 min

El caso que salpica al fundador de Audax y La Sirena por supuestas infracciones urbanísticas en Tiana (Barcelona) sigue sumando titulares. José Elías se defiende alegando desconocimiento sobre la protección ambiental del terreno donde reformó su vivienda.

José Elías, empresario catalán y propietario de grupos empresariales como Audax Renovables y La Sirena, se encuentra en el centro de una investigación judicial por una presunta infracción urbanística en el municipio de Tiana, en la provincia de Barcelona. Durante su declaración ante la jueza instructora del caso, Elías aseguró que ignoraba completamente que su vivienda se ubicaba en una zona rústica de especial protección dentro del parque natural de la Serralada de Marina. «No me imaginaba que la casa estaba en un parque natural», afirmó con tono sorprendido durante su breve comparecencia en enero, según el sumario del caso.

La finca en cuestión, de más de 9.000 metros cuadrados, se sitúa en el extremo de la exclusiva urbanización de Mas-Ram, una zona residencial que se reparte entre los municipios de Badalona y Tiana. La jueza Elisabet Loscos, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró, investiga a Elías por haber promovido obras de reforma sin contar con la licencia urbanística correspondiente, un trámite obligatorio según la legislación municipal.

“Solo rehabilité una casa vieja”

Elías ha insistido en que su intención nunca fue construir una vivienda nueva, sino “modernizar” y “rehabilitar” una casa que ya contaba, según él, con piscina, pista de tenis (posteriormente sustituida por una de pádel), y que había estado habitada durante los últimos 50 años. «Yo compré una casa a todos los efectos (…) Nunca se me dijo que esto no era una casa normal», afirmó con rotundidad.

Durante su declaración, Elías relató cómo compró la propiedad en 2018 tras enterarse por un vecino de que el antiguo propietario quería venderla. Lo hizo a través de la inmobiliaria Tecnocasa y solicitó una hipoteca para la adquisición, proceso en el que —según él— ni el notario, ni el banco, ni el vendedor le advirtieron sobre la calificación del terreno. En la escritura constaba como finca urbana, y el empresario pudo empadronarse en la vivienda sin ningún tipo de impedimento administrativo. “Tenía todos los servicios”, añadió, en referencia al suministro de agua, gas canalizado, electricidad, fibra óptica y recogida de basuras, gestionados por la comunidad de propietarios del Mas-Ram.

Las obras, sin licencia y pese a las advertencias

Los problemas legales comenzaron en febrero de 2018, poco después de iniciar las obras de remodelación a través de una empresa de su propiedad. Según los informes municipales incluidos en la causa judicial, los técnicos del Ayuntamiento de Tiana constataron “movimientos de tierra”, “limpieza de árboles” y “derribo parcial de construcciones existentes” sin que se hubiera solicitado ningún tipo de permiso.

A pesar de que se ordenó formalmente detener los trabajos, Elías habría hecho “caso omiso”, continuando con la ejecución de las obras. La ausencia de una licencia de obra mayor agrava la situación legal del empresario, dado que la finca está ubicada en suelo clasificado como no urbanizable y protegido ambientalmente.

“Solo era un jardín descuidado”

En su defensa, Elías, ingeniero industrial de formación, niega rotundamente las acusaciones más graves que constan en el expediente judicial. Un informe técnico de la Generalitat de Catalunya apunta que el empresario eliminó alrededor de 4.000 metros cuadrados de masa arbórea, pero él lo desmiente: “Solo había un jardín con arbustos que habían crecido más de la cuenta”, explicó ante la jueza. Además, niega haber derribado la vivienda original de los años 70: “Quise modernizarla y actualizarla. Íbamos arreglando lo que íbamos viendo”.

Lo cierto es que los trabajos de reforma se realizaron sin un proyecto técnico de arquitectura, lo que puede dificultar la defensa legal si finalmente se determina que las intervenciones alteraron significativamente la estructura de la vivienda preexistente o afectaron al entorno protegido.

Un caso con implicaciones más allá de lo urbanístico

Este procedimiento judicial no solo plantea interrogantes sobre los límites del urbanismo en zonas protegidas, sino que también evidencia posibles fallos en la cadena de información durante la compraventa de viviendas. ¿Cómo puede un empresario con acceso a asesoramiento legal, bancario y notarial acabar enfrentándose a una causa penal por una obra en un parque natural?

La respuesta, por ahora, está en manos de la jueza, que mantiene a Elías como investigado por un presunto delito urbanístico. Si se demuestra que las obras vulneraron la normativa de protección del medio natural y que se ejecutaron pese a las advertencias municipales, el empresario podría enfrentarse a sanciones económicas o incluso penales.

En un país donde la presión urbanística ha dejado profundas huellas en el litoral y en los espacios protegidos, este caso reabre el debate sobre la responsabilidad individual frente al entorno. Y más aún cuando los implicados tienen los recursos y la capacidad para informarse —y cumplir— con la ley.

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