
España, el país donde se disparan los discursos sobre sostenibilidad y transición energética, pero se tropieza con los mismos obstáculos de siempre: la burocracia y la falta de infraestructura. Podrías pensar que vamos en buen camino, con esos más de 30.372 puntos de recarga de vehículos eléctricos que se registraron a finales de 2023. Suena esperanzador, ¿verdad? Pues no te emociones tanto. Ese aumento impresionante (considerando que en 2022 apenas teníamos 5.741 puntos) es una gota en un océano de negligencias y lentitudes. Porque resulta que España está muy lejos de cumplir sus promesas verdes, como las establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec).
El objetivo para 2030 es tener 340.000 puntos de recarga; a día de hoy, no llegamos ni al 10%. Lo más triste es que tampoco hemos alcanzado la mitad de los 70.000 puntos que deberíamos tener ya instalados para estar más o menos en la carrera de la transición energética. Pero claro, ¿qué esperabas de un país donde para colocar un punto de recarga puede pasar más de dos años entre papeleo y permisos?
Nos encanta soñar en grande, pero cuando tocamos tierra, el panorama es más bien desolador. España es el sexto país de la UE con más vehículos eléctricos matriculados en 2022 (118.100), un dato que suena a éxito… hasta que rascas un poco más. Si miramos el porcentaje de vehículos eléctricos frente al total, somos el segundo país de la UE que menos ha apostado por esta tecnología, solo por delante de Grecia. ¿Por qué esta contradicción?
Los españoles seguimos dudando del coche eléctrico. Según el informe eReadiness 2023 de PwC, el 32% de los encuestados no cree en ellos y el 62% está frustrado con los largos tiempos de carga, la falta de puntos públicos y la autonomía limitada. ¿Quieres un coche eléctrico? Buena suerte encontrando dónde enchufarlo y esperando menos de lo que tardas en ver una trilogía de Netflix para que esté cargado.
¿Tienes una buena idea para impulsar la movilidad eléctrica? Perfecto, ahora enfréntate a la pesadilla de la burocracia española. Desde que un instalador pide permiso para colocar un punto de recarga hasta que lo puedes usar, pueden pasar más de dos años. ¿Por qué tanto tiempo? Vamos por partes: necesitas pedir la acometida eléctrica (otros tres o cuatro meses), después las autorizaciones provinciales (tres meses más), luego los permisos de organismos varios (cuatro a diez meses), y suma también las licencias locales y el entronque. ¿Te has cansado ya?
Esto sin contar que el lugar también importa. Si decides poner un punto en una autovía, necesitas pasar por el Ministerio de Transportes y las Diputaciones. ¿Lo quieres en ciudad? Pues prepara más papeles para las autoridades locales. Todo este caos hace que ahora mismo haya más de 8.645 puntos de recarga fuera de servicio. Ahí están, pero no funcionan.
Si pensabas que instalar un cargador eléctrico convencional era complicado, espera a que te cuente sobre los puntos de carga ultrarrápida (aquellos de más de 150 kW). En España, hay solo 2.103 de estos puntos, lo que representa un insignificante 6,5% de toda la red. Estos cargadores, vitales para que los vehículos de mercancías o pasajeros puedan competir con los tiempos de repostaje de los de combustión, son un cuello de botella en la infraestructura del coche eléctrico.
Y no es solo por el coste o la tecnología; el entorno burocrático es más denso que el tráfico en la M-30 en hora punta. Desde que se pide permiso para poner en marcha uno de estos puntos ultrarrápidos hasta que puedes usarlo, puede pasar casi un año. En fin, lo que España necesita no es solo más puntos de recarga, sino una administración que no los haga imposible de instalar.
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