Los intocables del sector público o cuando la sostenibilidad es para otros

Por: José Luis Ferrando

| 22/12/2024 - 05:00 | Última actualización: 04/06/2025 - 10:56 | Lectura: 4 min

LAS REGLAS VERDES NO APLICAN AL ESTADO: 500 ENTIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS SIN RENDIR CUENTAS DE SU SOSTENIBILIDAD

¿Sostenibilidad en el sector público? Solo el 33,76% de las entidades cumple con los estándares europeos mientras el resto ignora la normativa

Hablemos de sostenibilidad, ese mantra verde que se repite hasta el agotamiento en cada despacho, foro y boletín oficial. Resulta que, mientras las empresas privadas se dejan la piel en redactar informes no financieros —como si su futuro dependiera de ello (spoiler: lo hace)—, las entidades públicas españolas parecen tener barra libre para ignorarlos. Porque, claro, ¿quién les va a exigir algo? ¿La CNMC? ¿El Consejo de Transparencia? Spoiler 2: también están en la lista de los que pasan de cumplir.

Así lo ha dejado claro el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en su XXVI Congreso Nacional de Auditoría, celebrado en Las Palmas. Allí, la patronal presentó el observatorio de la información sobre sostenibilidad del sector publico, un mapa interactivo de España que apunta con precisión quirúrgica al mayor secreto a voces de la administración pública: más de 500 entidades públicas deberían estar elaborando informes de sostenibilidad si se les aplicaran los mismos criterios que al sector privado.

Sí, has leído bien. Puertos del Estado, el IDAE, la CNMV e incluso el Consejo de Transparencia están cómodamente sentados en el vagón del privilegio, disfrutando de la vista mientras las empresas privadas corren el maratón de los informes ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

La directiva sostenible que nadie quiere cumplir

Para las empresas privadas, la directiva europea es clara: si tienes un activo de más de 25 millones de euros, una facturación anual superior a 50 millones o empleas a más de 250 trabajadores, toca pasar por el aro. No hay escapatoria. Pero en el sector público español, el panorama es otro. Según los datos del ICJCE, solo un 33,76% de las 311 entidades evaluadas a nivel estatal cumple con los criterios establecidos.

Más de 500 entidades públicas estarían obligadas a elaborar informes de sostenibilidad si se les aplicaran los mismos criterios que al sector privado

Entre los infractores de primera categoría están nombres que suenan a responsabilidad, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o el Centro de Investigaciones Sociológicas. Incluso universidades como la UNED y la Universidad Menéndez Pelayo, que deberían ser faros del progreso, también brillan por su ausencia en esto de la sostenibilidad.

Ah, pero no todo es desolador. Algunos ayuntamientos como los de Barcelona, Cádiz y Santiago de Compostela han decidido ponerse las pilas y elaborar memorias de sostenibilidad basadas en estándares como GRI. Algunas incluso han verificado sus informes con auditores. Sí, son excepciones, pero demuestran que, cuando se quiere, se puede.

Hipocresía de manual

El problema no es solo español. Otros países europeos como Reino Unido y Finlandia también andan a medio gas en esta materia. Sin embargo, mientras en el norte ya están trabajando en reglamentos específicos para el sector público, aquí seguimos debatiendo si la sostenibilidad es más que una palabra bonita para rellenar discursos políticos.

Es cierto que España tiene un marco normativo que incluye criterios de sostenibilidad. La Ley de Contratos del Sector Público, el Plan Nacional Integrado de Clima, la Ley de Cambio Climático o incluso los Presupuestos Generales de 2023 tienen pinceladas verdes. Pero son, en el mejor de los casos, líneas generales. No hay un reglamento claro que obligue a las entidades públicas a rendir cuentas como lo hacen las privadas.

Y eso, según los auditores, no debería ser una excusa. Porque si algunas administraciones locales ya han dado el paso, ¿qué impide que el resto lo haga? Quizás es que es más cómodo mirar hacia otro lado mientras las empresas privadas soportan el peso de la responsabilidad.

El negocio del greenwashing institucional

Lo que realmente molesta aquí no es solo la falta de acción, sino el cinismo detrás de ella. Nos venden la sostenibilidad como un valor innegociable, un imperativo ético que debe guiar nuestras vidas y decisiones. Pero cuando las instituciones que deberían ser ejemplo de transparencia y compromiso no mueven un dedo, todo ese discurso suena a una farsa monumental.

Mientras las empresas privadas cumplen normativas europeas de sostenibilidad, apenas el 33,76% de las entidades públicas evaluadas lo hace

Es como si el sector público dijera: “Haced lo que digo, no lo que hago”. Y mientras tanto, las empresas privadas se rompen la cabeza (y el presupuesto) cumpliendo normativas que, al final del día, el propio estado ignora.

La sostenibilidad no puede ser solo una cuestión de marketing o buena imagen. Tiene que ser un compromiso real, y ese compromiso empieza en casa. Porque si el Consejo de Transparencia no es transparente, y Puertos del Estado no navega hacia la sostenibilidad, ¿qué mensaje estamos mandando a los ciudadanos y a las empresas?

¿Y ahora qué?

La solución parece sencilla: igualar las reglas del juego. Si las empresas privadas están obligadas a publicar informes no financieros, las entidades públicas deberían hacer lo mismo. No es solo cuestión de justicia, es una cuestión de coherencia.

Mientras tanto, seguimos en un limbo donde la sostenibilidad es una obligación para unos y un detalle opcional para otros. Y en ese limbo, el discurso verde pierde toda su fuerza, reducido a una promesa vacía que nadie tiene intención de cumplir.

Así que la próxima vez que escuches a algún político hablando de sostenibilidad, piensa en esto: ¿Es solo otro discurso bonito o están dispuestos a predicar con el ejemplo? Porque, hasta ahora, la respuesta parece bastante clara.

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