¿Energía limpia o campo arrasado? El decreto de las renovables levanta ampollas entre agricultores y ecologistas

Por: José Luis Ferrando

| 26/06/2025 - 05:00 | Lectura: 5 min

Agricultores y ecologistas estallan contra el nuevo decreto de renovables por miedo a expropiaciones y abandono rural.

A veces, las buenas intenciones tienen consecuencias perversas. Eso es lo que piensan muchos agricultores catalanes y colectivos ecologistas al leer el nuevo decreto sobre energías renovables que ha sacado del horno la Generalitat de Catalunya. El texto —aún pendiente de aprobación por el Parlament— llega con una etiqueta llamativa: los proyectos solares, eólicos y de almacenamiento energético pasan a ser considerados de «interés público superior». Una fórmula legal con la que se busca, en teoría, acelerar el despliegue de renovables y sortear parte de la burocracia. Pero bajo esa etiqueta luminosa, hay un regusto a imposición que ha hecho saltar las alarmas.

Porque cuando el interés general se invoca como martillo, a menudo acaba golpeando siempre al mismo clavo: el territorio. Y más concretamente, a quienes aún viven de él.

El fantasma de la expropiación vuelve al campo

El corazón de la polémica está en un término que en el mundo rural pesa como una losa: expropiación. Aunque el decreto matiza que solo se contempla en casos “excepcionales” y sobre campos “no rentables”, la ampliación del ámbito afectado no es menor.

Hasta ahora, solo se podían expropiar terrenos agrícolas clasificados como tipo 3 y 4, los de menor valor agronómico. Pero si la norma sale adelante, también entrarán en la ruleta los suelos tipo 1 y 2 —los más fértiles— cuando se considere que su explotación ya no es viable.

«Sin planificación, la transición energética deja de ser una oportunidad y se convierte en una amenaza.»
— Xarxa per una Transició Energètica Justa

La directora general de Energia, Marta Morera, ha intentado enfriar el debate asegurando que estas situaciones serán «muy puntuales». Además, para que la expropiación se ejecute, deberá existir un informe positivo del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Pero en un contexto donde el campo ya percibe que tiene la batalla perdida contra el interés urbano, las garantías suenan a papel mojado.

La Xarxa per una Transició Energètica Justa y el Gremi de la Pagesia Catalana lo han dejado claro: no confían en que se respete el equilibrio. Acusan al Govern de arrodillarse ante los gigantes de la energía y alertan de que esta vía abre una puerta peligrosa a la «expulsión de agricultores de sus tierras para dejar paso al negocio energético».

Aceleración sin freno: ¿es realmente eficiente?

El argumento oficial es conocido: hay que desatascar los cuellos de botella administrativos que están retrasando la expansión de energías limpias. En esa línea, el decreto también introduce la figura de la «modificación no sustancial», una especie de atajo administrativo para facilitar cambios en los proyectos sin que eso obligue a reiniciar los trámites. Menos trabas, más velocidad.

Pero el acelerón no convence a quienes creen que la prisa es el camino más corto hacia el desastre. Los ecologistas no niegan la necesidad de la transición energética, pero cuestionan el cómo. Denuncian que se está legislando de espaldas al territorio y sin un marco claro. “Este decreto no tiene como objetivo combatir el cambio climático, sino dar seguridad jurídica a los inversores”, han criticado desde la Xarxa.

«El modelo que se propone es centralizado, no garantiza sostenibilidad y pretende expulsar a los agricultores.»
— Gremi de la Pagesia Catalana

A su juicio, apostar por grandes parques en espacios rurales es pan para hoy y desertificación para mañana. Defienden que el despliegue renovable debería centrarse en zonas periurbanas degradadas, fomentar el autoconsumo, la eficiencia energética y las comunidades locales. Pero eso, claro, no casa tan bien con los planes de las grandes eléctricas.

El campo como moneda de cambio energética

Para el Gremi de la Pagesia, las consecuencias son evidentes: pérdida de superficie cultivable, aumento del precio del suelo agrícola y presión añadida sobre una actividad en crisis. «El modelo que se propone es centralizado, no garantiza sostenibilidad y pretende expulsar a los agricultores», afirman con contundencia.

A pesar de que el decreto prohíbe explícitamente la instalación de proyectos en zonas protegidas —como las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) o espacios de la Red Natura 2000—, permite su implantación en terrenos agrícolas cuando se considere que la actividad no es viable. Un concepto resbaladizo. ¿Quién decide cuándo deja de ser viable un cultivo? ¿Un informe técnico? ¿Un despacho lejano?

Y sobre todo, ¿cómo se mide la viabilidad de quien lleva generaciones cultivando la misma tierra? ¿Por hectáreas, por euros, por intereses?

Una planificación que llega tarde… o nunca

Otro punto que irrita al movimiento ecologista es la falta de planificación estructural. El Plan Territorial de las Energías Renovables (PLATER) —que debería establecer el marco claro sobre dónde y cómo desplegar estas infraestructuras— todavía no ha sido aprobado. La consellera Sílvia Paneque ha prometido presentarlo antes de que acabe el año, pero muchos consideran que se está legislando al revés: primero se abre la autopista legal para los proyectos, y luego, si eso, se coloca la señalización.

«Sin planificación, la transición energética deja de ser una oportunidad y se convierte en una amenaza», avisan desde los colectivos críticos.

Y es que detrás del mantra del «interés público superior» late una pregunta incómoda que nadie parece querer responder con claridad: ¿a quién sirve realmente esta transición? ¿A las comunidades que ven cómo se les planta un parque solar donde antes pastaban ovejas? ¿O a quienes convierten cada rayo de sol y cada ráfaga de viento en un negocio bursátil?

Porque sí, necesitamos energías limpias. Pero también necesitamos territorios vivos. Y si la única manera de combatir la emergencia climática es arrasar el campo para instalar placas y molinos, quizá deberíamos revisar si ese es realmente el futuro que queremos construir.

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