
Una propuesta gana fuerza tras el apagón eléctrico: dividir España en tres zonas de precios para la luz, como hace el modelo nórdico. ¿Más eficiencia o más desigualdad?
Ha pasado un mes desde que el país se oscureció como si hubiésemos vuelto a la Edad Media. Millones de ciudadanos, desde Cádiz hasta Girona, se quedaron sin electricidad. No hubo tormenta solar ni sabotaje cibernético confirmado. Solo un apagón. Y con él, resucitó una pregunta incómoda, de esas que el sistema eléctrico prefiere empujar bajo la alfombra: ¿Tiene sentido seguir con una única zona de precios para la electricidad en toda España? Spoiler: cada vez más voces dicen que no.
España tiene, por ahora, un sistema eléctrico de zona única de precios. ¿Qué significa esto? Que el coste del megavatio hora es el mismo para quien vive rodeado de aerogeneradores en Teruel como para quien enciende el aire acondicionado en pleno centro de Valencia. El problema es que ese modelo no refleja cómo se genera ni cómo se consume la energía en la realidad.
«El modelo actual no siempre se ajusta a cómo se genera, transporta y consume la electricidad en España.»
«El modelo actual no siempre se ajusta a cómo se genera, transporta y consume la electricidad en España», es una de las frases que resuena con fuerza tras el apagón.
Y aquí entra el caso Nord Pool, la biblia escandinava de la eficiencia eléctrica. En el mercado de los países nórdicos y bálticos, no existe el café para todos: el territorio se divide en bidding zones (zonas de oferta), cada una con su propio precio, en función de tres factores: disponibilidad local de generación, demanda y capacidad de transporte.
¿Hay sol y viento en abundancia en una zona pero poca demanda? La luz es barata. ¿Alta demanda en una zona con poca generación local y líneas de transmisión saturadas? Subidón de precios.
Según el sitio oficial de Nord Pool:
«Los precios se calculan cada día en función del equilibrio de oferta y demanda en cada zona, teniendo en cuenta las restricciones físicas del sistema».
Es un mercado más crudo, menos cómodo. Pero también más honesto.
La división en zonas aún no se ha planteado formalmente ni por el Gobierno ni por Red Eléctrica (REE). Pero el desequilibrio está sobre la mesa, más evidente que nunca: la generación renovable se concentra en zonas rurales del sur y del interior (Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón), mientras que el consumo eléctrico se dispara en la costa mediterránea y en Madrid.
Esto no es solo una cuestión de justicia territorial. Es un problema de eficiencia: cuellos de botella, sobrecostes y vulnerabilidades críticas que ya han demostrado su efecto en el reciente apagón.
«Frente a un modelo que uniformiza artificialmente los precios y oculta los desequilibrios de red, una zonificación bien diseñada podría convertirse en una herramienta útil.»
¿Más datos? Aquí van, y no son poco importantes. Según el informe de REE sobre el sistema eléctrico, solo en 2024, el coste de los servicios de ajuste (redispatching y medidas para equilibrar la red) ascendió a 2.668 millones de euros. Estos costes representaron un 15 % del precio medio final de la energía, con una repercusión de 11,43 €/MWh. Es decir, un coste fantasma para el consumidor. No se ve, pero se paga.
Este debate ya no es solo técnico, es también territorial y político. Porque si se divide España en zonas eléctricas, habrá regiones donde la electricidad costará más que en otras. Y eso es dinamita en un país tan centralizado emocionalmente como fragmentado administrativamente.
«Frente a un modelo que uniformiza artificialmente los precios y oculta los desequilibrios de red, una zonificación bien diseñada podría convertirse en una herramienta útil», dicen algunos expertos, aunque la frase no va a gustar igual en todos los despachos autonómicos.
La transición energética está aquí, y no va a frenar. Pero el sistema actual no parece preparado para digerir la avalancha de renovables sin sufrir indigestiones técnicas, financieras y territoriales.
¿Es mejor un sistema que refleja los costes reales y empuja a invertir en donde hace falta, aunque implique aceptar que no todos pagarán lo mismo por la luz? ¿O seguimos con un modelo igualitario en apariencia, pero disfuncional en el fondo?
La respuesta aún no está escrita. Pero si algo ha demostrado el apagón, es que no hacer nada ya no es una opción.
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