España entre los tres países que criminalizan la protesta climática con leyes contra el crimen organizado

Por: ME

| 10/03/2025 - 05:00 | Última actualización: 04/06/2025 - 10:55 | Lectura: 6 min

¿Desde cuándo defender el planeta es un crimen? España usa leyes anti-mafia contra activistas climáticos, mientras los grandes contaminadores quedan impunes

CUANDO PROTESTAR ES UN DELITO: ESPAÑA, ALEMANIA Y EE.UU. REPRIMEN EL ACTIVISMO AMBIENTAL

En pleno siglo XXI, cuando la urgencia climática clama por respuestas y acción, sorprende —y no precisamente de manera positiva— ver cómo el discurso sobre la protesta se ha transmutado en un arsenal jurídico destinado a silenciar a quienes se atreven a exigir un futuro sostenible. Según una reciente investigación de la Universidad de Bristol, España se posiciona, junto a Estados Unidos y Alemania, como uno de los tres países democráticos que han decidido aplicar leyes contra el crimen organizado para reprimir a activistas climáticos. La ironía es palpable: en un contexto en el que el planeta pide socorro, los responsables del cambio se empeñan en criminalizar a quienes alzan la voz por el medio ambiente.

Un informe revela el uso de leyes anti-mafia contra activistas ambientales

La investigación, encabezada por el catedrático Oscar Berglund, no se anduvo con rodeos. “Hemos encontrado tres casos de ese estilo: Estados Unidos, Alemania y España”, afirma Berglund a elDiario.es, dejando claro que, desde su perspectiva, tachar a estos activistas de “organizaciones mafiosas” resulta no solo injusto, sino un flagrante abuso de la ley. Y es que, cuando en el imaginario legal se equipara la protesta ciudadana con la criminalidad organizada, uno se pregunta: ¿quién es realmente el delincuente en esta ecuación?

España se posiciona, junto a Estados Unidos y Alemania, como uno de los tres países democráticos que han decidido aplicar leyes contra el crimen organizado para reprimir a activistas climáticos

En el caso español, el grupo Futuro Vegetal ha sido el blanco de esta ofensiva judicial. Los activistas de este colectivo están siendo imputados por el delito de organización criminal tras una denuncia realizada por la Policía Nacional. Lo irónico –y a la vez profundamente inquietante– es que, según la acusación, estos ciudadanos se habrían asociado con el “objetivo de cometer delitos”, lo que, de acuerdo con el Código Penal, implica una estructura organizada y coordinada para delinquir. Varios de sus miembros tienen pendiente declarar el próximo mes de enero, y es innegable que etiquetar el activismo como crimen organizado raya en lo absurdo. ¿Desde cuándo luchar por la justicia ambiental se equipara a operar en los círculos de una mafia?

El endurecimiento de la represión contra el activismo climático

La creciente “criminalización” de la protesta y del activismo ambiental se ha intensificado conforme han aumentado las manifestaciones a lo largo de los últimos años. Lo que a primera vista podría interpretarse como un intento de garantizar el orden público, en realidad refleja, según los investigadores, una doble estrategia: por un lado, responder a la diversidad y frecuencia de las protestas; y, por otro, aplicar medidas drásticas que buscan disuadir la disidencia. Berglund lo resume como “un síntoma de nuestro tiempo en el que los estados se muestran incapaces o sin ganas de actuar contra la crisis climática y, en su lugar, tratan de reprimir y despolitizar a quienes demandan esa acción”.

Mientras el activismo es perseguido, los grandes contaminadores quedan impunes

La investigación de Bristol destaca, de forma contundente, que estamos siendo testigos de una “sobrecriminalización del activismo” en contraste con una “descriminalización de los comportamientos que causan más daños climáticos y ambientales”. Una especie de inversión de prioridades en la que las verdaderas amenazas —como la producción desmedida de combustibles fósiles— se minimizan, mientras que quienes protestan contra estas prácticas son encarcelados con pretextos legales que poco tienen que ver con la protección ciudadana.

Cuatro estrategias para frenar las protestas climáticas

La estrategia de represión se ha materializado a través de cuatro fórmulas principales, cada una de las cuales revela la ambivalencia de un Estado que, en lugar de liderar la transformación ecológica, prefiere silenciar el descontento:

1. Nuevas leyes antiprotesta para limitar la movilización social
   Una “ráfaga de nueva legislación” ha irrumpido en el panorama jurídico global en los últimos años, diseñada no para garantizar el derecho a la protesta, sino para restringirlo. Estas leyes introducen nuevos tipos penales, incrementan las penas y otorgan mayores poderes a la policía para disolver manifestaciones.
2. Judicialización de la protesta con leyes antiterroristas
   Se utiliza legislación pensada para grupos terroristas o crimen organizado con el fin de despolitizar a los activistas. En España, 15 activistas están a la espera de juicio por haber lanzado agua tintada de remolacha contra la fachada del Congreso de los Diputados en abril de 2022.
3. Más vigilancia y control sobre los movimientos ambientalistas
   Tanto fuerzas de seguridad como empresas privadas llevan a cabo tareas de vigilancia, detenciones y hasta infiltración en movimientos climáticos. Organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigas de la Tierra han denunciado esta situación.
4. Violencia extrema contra activistas en varios países
   El informe señala que, entre 2012 y 2023, 2.000 defensores ambientales han sido asesinados. Brasil, Filipinas, India y Perú concentran la mayor parte de estos crímenes.

El activismo ambiental, la nueva amenaza para el poder económico

Si en algún momento se cuestionó quiénes son los verdaderos “radicales peligrosos”, ya lo tenía planteado el periodista e investigador estadounidense Will Potter en 2011, con su ensayo Los verdes somos los nuevos rojos. Potter comparaba, con una dosis de ironía, la caza de brujas contra comunistas de los años 50 en Estados Unidos con la actual persecución a activistas ambientales.

Estamos siendo testigos de una ‘sobrecriminalización del activismo’ en contraste con una ‘descriminalización de los comportamientos que causan más daños climáticos y ambientales

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se pronunció en 2022, advirtiendo que “los activistas climáticos son dibujados algunas veces como radicales peligrosos. Sin embargo, los verdaderos radicales peligrosos son los estados que están incrementando la producción de combustibles fósiles”, dijo tras conocer el último informe del Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCCC).

Ahora, el investigador Oscar Berglund cree que “algunos actores de la derecha y el empresariado han llegado a ver al movimiento climático como una amenaza real para la expansión económica continuada”. Con todo, la ofensiva contra las protestas –que ya no son contempladas con simpatía sino como disruptivas– sí está teniendo efecto.

¿Hacia dónde vamos? Represión, crisis climática y democracia en riesgo

El panorama resulta profundamente inquietante. En lugar de ver a los estados liderar la lucha contra la crisis climática, se observa cómo recurren a mecanismos jurídicos y policiales para contener a quienes, desde la calle, exigen un cambio real.

La pregunta que queda en el aire es tan sencilla como perturbadora: ¿qué precio estaremos dispuestos a pagar por un orden que, en lugar de salvar el planeta, parece empeñado en castigar a quienes insisten en reclamar un futuro diferente?

Mientras tanto, en tribunales, calles y redes sociales, el debate continúa. Y aunque la voz de los activistas se vea cada vez más silenciada, la urgencia de actuar frente a la crisis climática sigue siendo innegable. Quizás, en medio de esta vorágine de leyes, arrestos y vigilancia, lo único verdaderamente revolucionario sea el simple hecho de no callar ante la injusticia.

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